MADRID, AFP
Las autoridades españolas han puesto freno al intento de un ayuntamiento español de negar el empadronamiento y derechos básicos a los inmigrantes irregulares, en un país con un alto porcentaje de extranjeros y poco xenófobo, aunque algunos estiman las leyes contradictorias.

El ayuntamiento de Vic, una pequeña ciudad de la región de Cataluña (noreste) con un 25% de extranjeros --el doble que la media española--, cuyo alcalde es del partido CiU, nacionalista conservador, quería negarse a empadronar a los inmigrantes irregulares.

En España, aunque la inmigración de carácter irregular está perseguida con la expulsión -que no siempre se lleva a cabo-, las alcaldías están obligadas a tener un registro o padrón de todos sus habitantes, también los irregulares, para poder contabilizarlos, lo que a su vez da derecho a sanidad y educación públicos y gratuitos.



La Abogacía del Estado indicó el miércoles que "la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español", para lo cual basta presentar el pasaporte, en un informe solicitado por el ayuntamiento de Vic.

Contradicciones

"El Gobierno no va a consentir (...) que por un truco de un ayuntamiento haya familias que se queden sin asistencia sanitaria o sin que sus hijos puedan acudir a la escuela", advirtió el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

En los últimos días, varias voces se levantaron en España para, más allá de defender una política más o menos dura con los inmigrantes ilegales, estimar contradictoria la legislación española, ya que por un lado persigue la inmigración ilegal y por otra obliga a empadronar.

"La ley dice que hay que empadronarlos y también dice que hay que expulsarlos. Probablemente exista una incongruencia", admitió por su parte el ministro español de Fomento, José Blanco, pero avisó de que "la mayor incongruencia es tener incontrolados a los inmigrantes para que se creen guetos".

Más casos

Otra localidad, Torrejón de Ardoz, en la provincia de Madrid (centro) y gobernada por el conservador Partido Popular (PP), tampoco empadrona a los extranjeros que tengan visado de turista o cuya vivienda no cumpla una serie de condiciones, lo que fue denunciado por el Defensor del Pueblo.

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, llamó a "abrir el debate sobre la ley" española de Extranjería y adaptarla "a lo que está pasando" para que "no se caiga en contradicciones".

Tome nota
La cuestión del empadronamiento provocó reacciones de preocupación en varios sectores, como el gobierno de Ecuador.

Dato
El país que aporta un mayor número de afiliados a la Seguridad Social española fue Rumanía con 280.468 trabajadores, seguido de Marruecos, con 224.462; Ecuador, con 185.577, y Colombia, con 115.948

CIFRAS
46 millones de habitantes tiene España.

12% son extranjeros.

Nueva política de ‘inmigración legal’

Los ministros de Inmigración de la UE sentaron ayer en la ciudad española de Toledo las bases para el desarrollo de una futura política comunitaria de "inmigración legal", que incluirá un mayor control en las fronteras y planes de integración.

Así lo resaltaron la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Jacques Barrot quienes coincidieron en que Europa tiene que afrontar el reto de la inmigración desde la perspectiva de la legalidad e impulsando medidas para integrar a los inmigrantes en el mercado laboral.

Los responsables de inmigración de Grecia, Francia y Malta presentaron formalmente a la Presidencia española de la UE luna carta en la que piden que se refuerce la vigilancia de las fronteras exteriores comunitarias para prevenir la inmigración ilegal.