Dentro de nuestro Estado constitucional de derechos y justicia, la Carta Magna siempre prevalecerá por sobre los tratados y convenios internacionales, en caso de ser contrarios a nuestro ordenamiento constitucional, dijo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, durante la conferencia de las Cortes Supremas de las Américas, realizada el 3 y 4 de septiembre en Argentina.

Dicho de otra forma, no existe instrumento internacional que tenga eficacia jurídica en nuestro país si es contrario a la Constitución de la República y que cualquier convenio en este sentido resultaría ineficaz e inconstitucional dentro del Estado constitucional de derechos, señaló el juez ecuatoriano.

La materia
Explicó que la Constitución del 98 establecía que el Ecuador era un “Estado social de derecho.

..”, regido fundamentalmente por los propósitos de la Ley y en el que se garantizaba el respeto a los derechos fundamentales. “Con la Constitución vigente, somos un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual significa que no existe normativa alguna, ni poder público ni privado, que esté por encima de la Constitución”.

El juez ecuatoriano sostuvo que la defensa de los derechos fundamentales está garantizada a través de herramientas jurisdiccionales y constitucionales que permiten una verdadera realización de los derechos y la justicia, inherentes a la dignidad humana, por sobre las mismas leyes y actos que se consideren inconstitucionales.

En lo que respecta a las relaciones del Estado ecuatoriano con los distintos Tribunales Internacionales y las Cortes de las Américas, dijo que dentro de este nuevo modelo constitucional muy particular, se puede observar desde el inicio de la Carta Magna el anhelo de integración regional principalmente y el deseo de relacionarse con todos los países del mundo dentro de un marco de solidaridad y paz.

Corte Internacional
Respecto de esta materia, expresó que existe una tendencia internacional que proclama que un Alto Tribunal como éste, debería tener competencia jurisdiccional obligatoria, “consideramos que la única manera de darle efectividad a esta Corte es que los Estados se decidan a aceptar la jurisdicción absoluta y obligatoria sobre los litigios que decida.

Agregó que no puede considerarse que por el hecho de que los Estados se sometan a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional se esté violando su soberanía, ya que si quieren que exista confianza en dicho tribunal deben otorgársela voluntariamente, máxime en una comunidad que acepta la igualdad de los Estados y propugna por su independencia, cooperación y solidaridad.

Corte Penal Internacional
Troya sostuvo que con la creación de esta Corte quedará desvirtuada definitivamente la objeción de que el derecho internacional, en este caso el que regula los conflictos armados, carece de efectividad por no existir un órgano jurisdiccional que lo haga cumplir.