La sospechas sobre la relación del ex subsecretario de Gobierno, Ignacio Chauvín con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) crecen.

Ayer, en el programa Cero Tolerancia, el ex jefe de Inteligencia del Ejército (removido del cargo por el actual Régimen), Mario Pazmiño, manifestó que Chauvín se enteró del bombardeo del ejército colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano por información del grupo de irregulares, que en Colombia es considerado una organización guerrillera.

¿Refugiados?
Previamente Chauvín había reconocido, en otro programa de televisión, que efectivamente fue informado por las ‘redes campesinas’ de tal ataque. Para la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) las redes campesinas están integradas por víctimas del conflicto entre las FARC y el ejército colombiano.

Para este último se trata de miembros de la guerrilla que se refugian en Ecuador.

Pazmiño indicó que la única forma en que Chauvín pudo enterarse del bombardeo del 1 de marzo es a través de un teléfono satelital o de una radio A.M. En los dos casos el equipo tiene un precio básico de 3 mil 500 dólares y el costo del minuto de la llamada telefónica es de tres dólares.

Los descabezados
Esa no fue la única revelación que hizo Pazmiño. En marzo de 2008, el presidente Rafael Correa señaló que se había enterado de la presencia del ecuatoriano Franklin Aisalla, a través de un artículo de Diario La Hora.

A pretexto de no haber sido informado, el Primer Mandatario anunció el desmantelamiento de inteligencia militar y acusó a los miembros de esa rama de informar primero a funcionarios del Gobierno estadounidense.

Ayer, Pazmiño dijo que el mayor de Policía Manuel Silva, miembro de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), fue quien reportó al Gobierno de Correa sobre el ataque de Angostura.

Lo curioso es que la semana pasada y bajo un similar argumento (de que la Policía entregaba información a los Estados Unidos) Silva fue sacado de la UIES.
 
Pero la historia no termina allí. Pazmiño denunció que por orden del Comandante de la IV División de Inteligencia quemaron documentos encontrados en Angostura. ¿A qué se refiere? A la cédula y papeleta de votación de Aisalla.

“Documentos que el Presidente y el Ministro de Defensa me acusaron de haberlos tenido en mi poder”, argumentó Pazmiño.

Sin fiscalización
En el oficialismo la historia sobre la relación Chauvín-FARC sólo busca dar piso a las infundadas denuncias del Gobierno de Álvaro Uribe en su afán de vincular a Ecuador en el Plan Colombia.

El asambleísta y radiodifusor, Paco Velasco, afirmó que “la fiscalización (de la Asamblea) sólo debe producirse desde la óptica jurídica. Lo único que puedo hacer es presumir la inocencia del señor Chauvín”.

Las dudas sobre uno de los fundadores de PAIS
El asambleísta Fausto Lupera (Sociedad Patriótica) indicó ayer que el ex ministro de Gobierno y fundador de PAIS, Gustavo Larrea, tendría dos cédulas.

De acuerdo a su versión los documentos habrían sido actualizados siete veces.

“Con la segunda cédula se registró en el Hostal del Lago, en Sucumbíos, del 11 al 16 de febrero de 2008”, agregó.

La duda de Lupera es si en ese periodo se produjo la reunión entre el ex número dos de las FARC ‘Raúl Reyes’ y Larrea. El ex Ministro de Seguridad Interna y Externa ha reconocido que sí tuvo un encuentro con ‘Reyes’. Sin embargo, siempre ha negado que la cita fue en territorio ecuatoriano. De ser así (lo ha reconocido el propio presidente Rafael Correa) sería traición a la Patria.

El ex jefe de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, dijo conocer que una de las cédulas de Larrea fue anulada. Y que lo único que ha podido verificar es que Larrea viajó a Sucumbíos en un vuelo de TAME y que se registró en el hostal con el nombre de Wilson Larrea.

Crímenes de las FARC
Según el Gobierno colombiano

>>Servir las operaciones de los grandes carteles del narcotráfico.

>>Reclutar mediante la fuerza a los adolescentes campesinos para nutrir sus filas
Extorsionar e intimidar a la sociedad civil.

>>Secuestro de políticos, empresarios, extranjeros, profesionales y gentes del común.
Utilizar a esas víctimas en operaciones de chantaje político y social.