Autoridad. Richard Espinosa, ministro de Relaciones Laborales, defendió la aplicación de la compra de renuncias obligatorias.
Con el decreto 813, la compra de renuncias obligatorias en el sector público se hizo realidad pese a que no pasó en la Asamblea Nacional cuando se intentó aprobarla en la ultima reforma a
la Ley Orgánica de Servicio Público. Frente al malestar que ha generado la noticia entre los empleados, Richard Espinosa, ministro de Relaciones Laborales, habló con La Hora y aclaró
algunos puntos.
¿Es legal la aplicación de la compra de renuncias obligatorias?
La reforma al reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público está basado en el artículo 47 literal K de la Ley, donde claramente establece que una de las causales de cesación de
funciones es la compra de renuncias. Entonces es claro que el Legislativo le dejó al Ejecutivo las atribuciones legales para poder regular la compra de renuncias.
Pero esto ha sido rechazado por los eventuales afectados...
Se oponen sin ton ni son, han dicho que van a hacer una movilización y como a mí me gusta poner los puntos sobre las ‘íes’ digo: cualquier persona que no está de acuerdo tiene todo el
derecho de manifestarse fuera de las horas laborales, pero de ninguna manera podría haber algún tipo de paralización del servicio público porque eso está prohibido en la Constitución y
en la Ley. Caso contrario eso conlleva a iniciar sumarios administrativos que derivarán en la destitución de los servidores y a diferencia de la compra de renuncias, con una destitución
no se recibe ningún tipo de indemnización.
¿Esto es una advertencia para los empleados que vayan a protestar?
Más que una advertencia es ponerles en conocimiento de lo que establece la Ley y de lo que todos estamos obligados a cumplir. En ese sentido no es que se está mermando el derecho a la
expresión, ni mucho menos, porque pueden manifestarse pero fuera de horas laborales.
Además tengo que mencionar que las indemnizaciones que se pagan llegan a un techo de casi 40 mil dólares, es decir, no es poca cosa.
¿Quiénes serán los que se irán con la compra de renuncias?
Esto está hecho para desvincular a aquellos funcionarios que todo el mundo los conoce dentro de las instituciones públicas y la misma ciudadanía sabe que por pereza no trabajan al cien
por ciento y otros están metidos en temas medio oscuros. Si no son ineficientes no tienen de qué preocuparse porque esto está direccionado para todos aquellos que los mismos servidores
saben que es el perezoso que llega atrasado y no cumple con su trabajo.
En ese sentido, ¿los parámetros para aplicar este mecanismo se basarían en evaluaciones para saber qué nivel de productividad, por ejemplo, tiene un
empleado?
Hay mecanismos que existen para la reestructura del Estado. Dentro de estos hay el retiro obligatorio al cumplir los 70 años siempre y cuando se cumpla con los requisitos y exista el
presupuesto para hacerlo. También hay el retiro voluntario, la destitución, supresión de partidas que obedecen a procesos estrictamente técnicos, en donde se suprime el puesto la
persona tiene que salir, pero también indemnización de hasta 150 salarios unificados.
Se ha dicho que esas vacantes serán reemplazadas con gente afín al Gobierno, ¿es así?
Es absolutamente falso como el tema del crecimiento de personal que dicen que llega a 100 mil empleados. La gente que salga no será reemplazada por amiguismo o padrinazgos, tendrán que
pasar por un proceso técnico y transparente.
Antes de pasar a ese tema ¿puede dejar en claro bajo qué criterios técnicos se van aplicar las renuncias obligatorias?
La compra se establece a través de un estudio que internamente elaboren las máximas autoridades con sus equipos técnicos y determinen quién se tiene que ir y quién no.
Se determinará claramente quiénes se irán para dar cabida a gente nueva, joven, honesta.
¿Eso no podría caer en el subjetivismo, resulta como determinar a manera discrecional quién se va? Debe haber un sustento técnico.
La compra de renuncias está a la disposición de la autoridad que desvincularía a esas personas no sin antes pagarles una indemnización justa. Mediante renuncia personal o despido, pero
si es lo último deben tener un argumento real y legal porque si no yo puedo quejarme al Ministerio de Relaciones Laborales porque sería un despido intempestivo.
Sobre los nuevos ingresos ¿por qué dice que no ha habido muchas contrataciones en este Gobierno?
Se han suprimido desde el 2007 hasta la fecha 4 mil partidas, eso significa que hemos reducido prácticamente el equivalente a cuatro o cinco ministerios de Relaciones Laborales. Primero
se dijo que se habían incrementado en 300 mil, después 150 mil y finalmente 100 mil.
Pero en el presupuesto del Estado constan el número de personal y se observa incrementos..
Esto es absolutamente falso, ¿por qué se da este caso? Porque antes no constaba en el Ministerio de Finanzas el número de personal, sólo había el monto de pago destinado a personal. No
estaban registrados los contratos por servicios profesionales. Esas personas ahora constan con nombre y apellido, además están los que se incorporaron por tercerización.
De la creación de los ministerios coordinadores se han creado pocas partidas que se compensan con la supresión de partidas que desde el 2007 hemos realizado, que son 4 mil partidas.
Prácticamente quedamos en tablas, ahí no creció. Donde sí incrementamos en dos sectores que la ciudadanía lo venía demandando: salud y educación, alrededor de 20 mil contratos en cada
sector. Lo demás es un invento.
¿Cuántos son entonces?
Vaya investigue, porque antes no había esa información, los gobierno de turno de esa época no tenían esos datos. Este gobierno transparente en cambio sí tiene todo registrado.
¿Y cuántos han salido?
En lo que va del año aproximadamente 500 personas y hasta finales de este año serán 328 personas más de la Función Ejecutiva del grupo de personas que ya han cumplido 70 años y personal
docente son 793, es decir un total de 1.121 personas que saldrán hasta fin de año, para lo cual se requiere de una inversión de aproximadamente 44 millones de dólares. El próximo año se
desvincularán por terminar la carrera a 195 personas y 419 docentes lo que da un total de 614, para lo cual se requerirá 24 millones de dólares.
A las que ya han salido se ha pagado en liquidaciones alrededor de 20 millones de dólares.
‘Han salido ya personas a decir que se quiere vincular a miles de personas que apoyan el proyecto político, lo cual es
falso’.
Richard Espinosa,
Ministro de Relaciones Laborales