NO ENTENDEMOS PORQUE SOMOS PERSEGUIDOS

PRoCESADA. Fadua Tapia (frente al micrófono), mientras daba sus declaraciones, ayer.

Fadua Tapia fue detenida el 3 de marzo acusada de terrorismo por estar reunida con otros jóvenes, supuestos miembros del Grupo de Combatientes Populares (GCP), en el caso conocido como ‘Los 10 del Luluncoto’. Por estar en ese momento embarazada recibió medidas alternativas y tiene que presentarse cada mes ante el juez. Aquí su relato con revelaciones sobre cómo fue ese día:

“El momento de la detención fue brutal. Ingresaron más de 50 policías al departamento, nos apuntaron con sus armas y nos ordenaron tirarnos al suelo boca abajo. Nos tuvieron allí durante dos horas, ni siquiera nos decían qué pasaba, de qué nos acusaban, fue muy desesperante. Después, estuvimos casi hora y media más de rodillas. Yo empecé a tener problemas por mi embarazo, se me hincharon las piernas.

Estar después en los calabozos de la Policía Judicial fue otro momento difícil. Pasar toda la noche encerrada en sitios helados. En mi estado no podía descansar. Luego de esto, el juez me dijo que si en media hora no tenía abogado me iba a poner uno público, entonces hubo muchos derechos violados.

La desesperación en ese momento era muy grande. Somos 10 jóvenes que en realidad hasta ahora no entendemos por qué somos perseguidos, por qué fuimos encarcelados y seguimos sin entender por qué el proceso sigue y por qué quieren encarcelarnos”.

La reunión

“Ese día íbamos a empezar la reunión para debatir la Constitución, íbamos a debatir si los derechos del buen vivir estaban siendo aplicados en el país, como lo dice la Constitución.

Pero ni siquiera empezábamos a sentarnos, ni terminábamos de saludar, cuando ingresó la Policía. No somos jóvenes de alguna organización política, hemos participado en proyectos sociales, de ayuda a personas.

Ya di a luz y tengo que presentarme el último jueves de cada mes, pero realmente vivo en la incertidumbre de qué podrá pasar mañana, si podrán alejarme de hija o qué podrá pasar”.

Allanamientos

“Un mes después de nuestra detención y al tener medidas sustitutivas pensé que en mi casa iba a estar más segura. El 26 de abril me di cuenta de que no. Ese día los policías ingresaron a mi casa a las 05:00. Despertarme apuntada por un arma fue difícil y en mi estado de embarazo me afectó muchísimo, tanto así que al otro día tuvieron que llevarme de emergencia al Hospital Pablo Arturo porque me dio amenaza de parto prematuro”.

Informe de la Cedhu

° La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) presentó ayer el libro ‘Ocaso de la Justicia, el caso Sol Rojo’, nombre que la Policía dio a este operativo. Es un informe sobre la situación psicosocial de los detenidos y sus familiares.

Por medio de testimonios, se establece que los familiares sufren síntomas de estrés postraumático, ansiedad generalizada, decaimiento, hay personas que se niegan a salir de sus hogares, fobias sociales, tendencia al aislamiento...

En el plano económico, los detenidos aportaban a sus hogares, por lo que ahora que ya no están juntos otras personas tienen que asumir ese impacto económico. Elsie Monge, presidenta de la Cedhu, dijo que “los 10 de Luluncoto están más de ocho meses detenidos sin sentencia en un juicio plagado de irregularidades”, ya que no hay derecho a que sean juzgados porque reunirse y opinar no constituye ningún delito y menos se les puede acusar de terrorismo.

Policía no anotó 3 ingresos

° Aparentemente todo se encuentra listo para la próxima semana instalar la audiencia de juzgamiento en este caso. No obstante, el 27 de noviembre, el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha hizo saber a los imputados Luis Gallegos, Héctor Estupiñán y César Zambrano que el encargado del archivo provincial de la Policía Judicial de Pichincha, mediante oficio de 15 de noviembre de 2012, manifiesta que no puede certificar a qué hora ingresaron a los calabozos de la institución. Justifica que en el libro de registro no existen esos datos.

50
policías habrían ingresado a la casa donde estaban reunidos los jóvenes.


7
meses han pasado desde que la Policía allanó la casa de Tapia