DEBATE. Los legisladores aceleraron su agenda en los últimos días del año para tener libres el 23 y el 30 de diciembre.
En diciembre, el Estado desembolsará más de 700 mil dólares para cancelar el décimo tercer sueldo a los 124 asambleístas, quienes reciben una remuneración mensual de 5.700 dólares.
Esto, sin contar con los 3.000 dólares que perciben sus dos asesores (cada uno), y los 1.200 para sus dos asistentes.
Entre asambleístas de diferentes bancadas, se abrió el debate respecto de la homologación de los salarios, aunque cada uno defiende y analiza desde su perspectiva la entrega de esta
remuneración.
Marisol Peñafiel (PAIS), por ejemplo, opinó que este es un derecho que tienen todos los sectores de acuerdo con la actividad que realizan y justificó la labor de los asambleístas para
que el Estado tenga que desembolsar esos recursos cada año. En todo caso, comentó que en el país debería iniciarse un debate para analizar alternativas que tiendan a mejorar el salario
de los servidores públicos. “Al menos, la canasta básica debería cubrir el salario de un funcionario”, afirmó.
El debate
En la misma línea, Gerónimo Yantalema (PK) hizo un llamado a la “equidad” en la asignación de recursos, y puso como ejemplo el salario que reciben las madres comunitarias que no están
amparadas en la Seguridad Social y apenas reciben 200 dólares mensuales por trabajar 8 horas diarias.
“Sólo en Ecuador se viven esas inequidades que, si bien no han sido legitimadas por los asambleístas, tampoco ha existido la voluntad política, ni del oficialismo, ni del Ejecutivo que
al inicio se planteó como meta equiparar el salario con el sueldo del Presidente de la República”, señaló.
Frente a ello, Yantalema planteó que la Asamblea debería aprobar una normativa que regule los salarios en todo el sector público, mientras que Galo Lara (PSP) afirmó que el aumento del
sueldo a 5.700 fue una decisión del presidente, Fernando Cordero.
Más criterios
El oficialista Pedro de la Cruz defendió el pago y recordó que los asambleístas tienen rango de ministros: “somos más políticos y estamos más expuestos a la opinión pública”, expresó.
No obstante, aclaró que todos los funcionarios públicos, desde el de menor hasta el de mayor rango (policías, ministros, militares) reciben este beneficio.
"En anteriores congresos, además del sobresueldo, los legisladores recibían bonos. Ahora nosotros, para desechar las críticas de la opinión pública, como cualquier otro trabajador, sólo
recibimos el décimo tercero”, señaló De la Cruz. El independiente Alfredo Ortiz, por su parte, aseguró que esta es una “desigualdad tipificada en las leyes ecuatorianas”.
EL DATO:
A esto se suma el pago adicional de 6.800 dólares para los ministros de Estado y 7.000 para el Presidente de la
República.