LA CONAIE PIDE 129 AMNISTIAS

PETICIÓN. Los representantes indígenas llegaron ayer hasta el Legislativo.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) solicitó ayer ante la Asamblea Nacional que se tramite “inmediatamente” la amnistía para 129 personas que han sido “criminalizadas” y acusadas de terrorismo, sabotaje y obstrucción de vías, después de la petición que fue entregada el 22 de marzo como resultado de la ‘Marcha por la Dignidad y la Vida’.

Humberto Cholango, presidente de la Conaie, y Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), entregaron carpetas con información sobre 23 casos que incluyen a todas estas personas, para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) pueda hacer el análisis caso por caso.

Por otro lado, dirigentes indígenas y asambleístas de la Conferencia Plurinacional de Izquierdas denuncian que lo que ellos llaman una persecución política en contra de ellos continúa con la destitución del prefecto de Cotopaxi, César Umaginga. Además, expresaron su respaldo al asambleísta Cléver Jiménez (PK), en su demanda presentada contra el presidente, Rafael Correa.

Amnistías

Son alrededor de 30 casos, con más de 200 personas de comunidades indígenas a las que se les ha criminalizado. Los 23 presentados son los que tienen información “nombre por nombre” porque el resto están en investigación e instrucción fiscal por lo que los datos son reservados, explicó Cholango.

Lo que piden “es la amnistía para luchadores sociales y defensores de derechos humanos y de la naturaleza que han sido perseguidos por la justicia corrupta y por empresas transnacionales, mineras y petroleras”, añadió el dirigente. Ellos señalan que realizaron protestas contra la minería y la ley de aguas y que por eso se habrían iniciado los procesos.

El asambleísta Gerónimo Yantalema (PK) señaló: “Estamos frente a un atropello y a una persecución política a los hermanos que han luchado contra toda pretensión y afectación de los derechos de las nacionalidades y la naturaleza”.

Y Tenesaca manifestó que ellos han declarado este como ‘el año de lucha, resistencia y defensa’ por celebrarse los 40 años de constitución de la Ecuarunari.

Posición

“Es una clara y aberrante persecución a la bancada progresista de izquierda, que ha sido capaz de desenmascarar los actos de corrupción de este Gobierno”, señaló Magaly Orellana (PK) al referirse al resultado de la demanda de Jiménez tras los hechos ocurridos el 30-S yque fue denominada como temeraria.

En el caso del Prefecto destituido, la asambleísta señaló que no se le puede acusar de que haya desviado fondos de la Prefectura para beneficio propio.
“¿Qué pasa con los 600 millones en contratos del hermano del Presidente y del Prefecto de Orellana, que fue glosado por la Contraloría con cinco millones de dólares”, cuestionó.

Aseguraron también, en rueda de prensa, que existe persecución contra el movimiento indígena. Así, Cholango, Lourdes Tibán (PK) y Orellana expresaron su respaldo y solidaridad a Umaginga.

Contraparte

Gina Godoy (PAIS) no está de acuerdo con estas afirmaciones. “Muchos alegan haber hecho una protesta social, cuando lo que ha habido es una afectación, cierre de vías, daños a propiedad privada. Entonces, no hay ninguna criminalización”, indicó.

En relación a la destitución, manifestó que existe una determinación de un organismo frente a un hecho.

EL DATO
Las asambleas Constituyente y Nacional han otorgado amnistías en ocasiones anteriores.



Denuncias
Número de casos

• 17 denuncias penales. De esas, 6 son por sabotaje y terrorismo.

• 2 denuncias civiles.

• 4 acciones administrativas.

• La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica presentaron un informe donde se registra que entre 2008 y 2010 hubo más de 20 casos penales contra defensores de la naturaleza.