JUSTICIA,REALIDAD DE ESPANTO....CAPITULO ECUADOR

SERVICIO. Los casos permanecen apilados en los juzgados, ante la desesperación de los usuarios.

El pueblo lo aprobó en consulta popular. Ahora tiene que arrancar el proceso de reestructuración de la justicia. Quienes asuman esa tarea tendrán en sus manos un sistema judicial de cifras rojas.

La deuda de la justicia se refleja en los datos. Solo en 2010 se registraron 233.829 noticias de delito y apenas se ha conseguido 4.668 sentencias condenatorias, 1.060 absolutorias y 133 sentencias mixtas. Es decir, se resolvió sólo el 2,5% de los casos.

De los delitos denunciados, la Fiscalía, a nivel nacional, tramitó 25.501 instrucciones fiscales (procesos penales), de las cuales 11.200 concluyeron con dictámenes acusatorios, 4.832 con dictámenes abstentivos o no acusatorios; y 992 dictámenes mixtos (acusatorios para unos y abstentivos para otros).

Las estadísticas de la propia Fiscalía también dan cuenta de que de las 233.829 noticias de delito registradas en 2010, 142.425 fueron desestimadas, es decir, que no hubo suficientes elementos de juicio durante la indagación previa, para iniciar una instrucción fiscal. Las cifras revelan además que en este período de tiempo se realizaron 6.097 audiencias penales y 12.434 audiencias fueron declaradas fallidas por diferentes motivos.

Del total de noticias de delito a nivel nacional, en materia penal, tránsito y adolescentes infractores, la provincia de Guayas ocupa el primer lugar con 73.853 denuncias, seguida por Pichincha con 49.914; y, la provincia de Galápagos es la que menos conflictividad registra, con 533 noticias de delito durante 2010.

Saco roto
Todo el trabajo de la Fiscalía termina en los juzgados, cuyas deficiencias saltan a la vista con solo pisar las instalaciones y bucear un poco en sus estadísticas y estudios. Dentro del plan estratégico programado por el Consejo de la Judicatura (CJ) para el período 2011-2013, se estimó que el organismo necesitaba un total de 1.471,02 millones de dólares para cumplir sus objetivos.

Para tratar de solucionar más de un millón de causas que están represadas, según este informe, se necesitaría la creación de 219 unidades judiciales.

Esa era la meta para 2011, 73 para 2012 y 72 para 2013. Con esta proyección el número de jueces se incrementaría en total a 423 y 40 conjueces a nivel nacional.

Sin embargo, no todo ha sido malo. En los últimos cuatro años se observó un incremento del 20% de funcionarios en las dependencias con relación a 2007. Pasaron de 2.259 a 3.574, según datos de un estudio del Ministerio de Justicia de 2010. Asimismo, en esa investigación se determinó que el nivel de profesionalización de los funcionarios judiciales ha mejorado, pues a 2007 solo había 209 servidores con títulos de cuarto nivel, ahora hay 527.

Universidad de Talca
Desde enero expertos chilenos de la Universidad Talca y el Ministerio de Justicia vienen trabajando en la evaluación de jueces y fiscales. El objetivo de este trabajo será tener un informe detallado de la actuación y responsabilidades de los jueces penales y fiscales en todo el país.
En el informe constará también la evaluación del trabajo de fiscalías, juzgados, tribunales y salas de cortes provinciales.

Pese a que se anunció que la entrega de este informe sería para abril pasado, aún no se ha oficializado una fecha límite.

El plan del Gobierno
El Gobierno ya tenía su plan incluso antes de que el pueblo tome la decisión en la consulta popular. En febrero, el presidente Rafael Correa ya decía: “estamos trabajando por distritos y circuitos para acercar el sistema de justicia a la población, ya tenemos determinados cuántos jueces más se necesitan, cuántos tribunales, el costo. Incluso ya estudiamos un sistema de pago de remuneración de los jueces por indicadores de eficiencia, como sucede en México que se paga por cuántas sentencias ha emitido cada uno”.

Luego de la victoria y durante la campaña aseguró que la intención es que la justicia gire hacia una realidad digital “cero papeles”. “No hay mejor manera para evitar la corrupción que todo sea digitalizado”. Correa a señalado las experiencias chilenas y brasileñas, como referente en esta acometido.

Imagen pública
En el estudio realizado por el Ministerio de Justicia en 2010 se hizo una encuesta que reveló que el 90.9% de la población cree que es indispensable que los jueces rindan cuentas. El 97.1% respondió que el nombramiento de funcionarios debe ser por concursos de méritos. Solo el 28.7% opina que el nombramiento de funcionarios es transparente.

Los usuarios dijeron que lo más importante para mejorar en las dependencias son la honestidad (34.5%), la atención al ciudadano (17.7%), la información al público (15.9%), la tecnología (12.2%), el tiempo de resolución de causas (11%) y la infraestructura (6.9%).

EL DATO
A diciembre de 2010, el número de jueces penales suman 296 (juzgados y tribunales), mientras que los fiscales llegan a 587.



Noticias de Delito a Nivel Nacional en 2010
(Penal, Tránsito y Adolescentes Infractores)

Guayas 73.853

Pichincha 49.914

Manabí 14.188

El Oro 13.096

Los Ríos 11.151

Azuay 9.811

Esmeraldas 7.958

Sto. Domingo 7.749

Chimborazo 6.015

Tungurahua 5.610

Loja 5.563

Imbabura 5.283

Cotopaxi 4.570

Sucumbíos 3.144

Santa Elena 3.142

Carchi 2.196

Cañar 2.145

Orellana 1.618

Bolívar 1.603

Morona Santiago 1.383

Zamora 1.126

Napo 1.107

Pastaza 1.101

Galápagos 533

TOTAL 233.829

CIFRA
11.698
es la cifra de la población carcelaria del país. El hacinamiento es del 33.48%.

1.329
computadores existen en todas las dependencias del sistema judicial.

35%
de los operadores de justicia no tienen acceso a Internet.

36%
de las dependencias judiciales son arrendadas.


MI OPINION EN 60 SEGUNDOS
Fernando Casares
Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia

El principal problema de la justicia es la falta de independencia, porque el principio constitucional que consagra la separación de poderes ha sido terminado por este Gobierno.

Otro problema es el déficit presupuestario que se arrastra desde hace tiempo y esto ha impedido que se incremente el número de judicaturas, lo que genera una acumulación de juicios que humanamente es imposible de despachar.

Falta actualización en los códigos y preparación en los jueces, porque no se ha podido implementar adecuadamente la escuela judicial.

No creo que las reformas planteadas vía consulta sean las adecuadas para resolver el problema. Haber designado a un ingeniero como representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura transitorio es haber comenzado mal, porque una cosa es ser técnico y otra abogado o jurisconsulto, con criterio y formación para evaluar la actuación de los jueces.