GOBIERNO YA SUMA CINCO ARMAS LEGALES PARA CONTROLAR A LA PRENSA

PROTESTAS. Diversas manifestaciones se han registrado este año en el país contra la mordaza a la prensa.

El Gobierno sigue sumando toda una estrategia legal y jurídica para regular y controlar el trabajo de la prensa. En la sección novena del proyecto de Ley de Código Orgánico Penal que el Ejecutivo envió a la Asamblea el último jueves, se incorpora el capítulo denominado “Procedimiento para las Infracciones cometidas mediante los medios de comunicación”, a partir del cual se establece una responsabilidad directa de los directores de los medios.

Esto está contemplado en el artículo 75 que señala que: “la directora, director, editora, editor, propietaria, propietario o responsable de un medio de comunicación responderá por la infracción que se juzga y contra él se seguirá la causa (…), cuando el fiscal lo requiera, el nombre de la autora, autor, reproductora, reproductor o responsable de la publicación. Igualmente, serán responsables cuando la autora o autor de la publicación fuere persona supuesta o desconocida, menor de 18 años o personas con manifiesta y conocida alteración de sus facultades mentales".

A este proyecto de Ley se suma el proyecto de Comunicación o también conocida como “Ley Mordaza”, que espera la aprobación en segundo debate en la Asamblea y que crea un Consejo de Regulación como un organismo de control integrado por representantes del Gobierno.

Para el jurista Javier Zabala, el problema de este ente es su integración y sugirió que también debería estar conformado por académicos, caso contrario se corre el riesgo de que se manipule el derecho de la ciudadanía a expresarse. No se puede concebir una sociedad civilizada sin comunicación.

La tercera es la disposición vigésima de la Ley Antimonopolio que señala que los propietarios de los medios de comunicación que tengan el 6% o más acciones en un medio de carácter nacional, en el plazo de un año deberán desprenderse de cualquier acción que tengan en empresas de otras actividades.

César Ricaurte, de Fundamedios, consideró que la norma atenta contra derechos establecidas en el artículo 16, inciso 2 de la Constitución que señala que: "Todas las personas, en forma individual y colectiva tienen derecho a la creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones a las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión desecaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias”.

La cuarta “mordaza” contra la prensa está incluida en la Ley Penal que establece que las injurias leves, graves o calumniosas proferidas en un medio de comunicación puede ser sancionadas con hasta 3 años de prisión. Para el asambleísta Vicente Taino (Prian) el problema de su aplicación es el poder del Gobierno en el manejo de la justicia para atemorizar a los medios.

Y finalmente, en la Ley de Participación Ciudadana se establece que el Quinto Poder establecerá procedimientos para que los medios rindan cuentas por considerar que su labor es un servicio público.