DEFENSORIA :GOBIERNO INTIMIDA LUCHA SOCIAL

HECHOS. Los líderes indígenas han sido considerados por el Gobierno como saboteadores y terroristas.

La Defensoría del Pueblo presentó ayer un informe sobre la criminalización de la protesta social en el país durante el actual Gobierno.

Basados en documentos de organismos como la Cedhu (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos), Acción Ecológica, Inredh y la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo analizó 63 casos entre 2007 y 2010: 42 amnistiados por la Asamblea Constituyente y 21 fueron instaurados después de 2008.

A pesar de la expedición de amnistías por parte de la Asamblea Constituyente (2008), la situación de los defensores de los derechos humanos y derechos de la naturaleza) no ha mejorado, algunas de las amnistías no han sido aplicadas, incluso se han abierto nuevos procesos.

En cuanto a los procesos judiciales que se iniciaron posteriormente el informe señala que de los 21 casos, 4 se encuentran sentenciados, 2 sobreseídos, 16 en proceso, de los cuales 12 pasan la indagación previa y dos la etapa intermedia. Aún no se ha podido determinar cuál es el estado actual de los dos restantes.

En el estudio, el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, destacó que en el país se evidencian procesos de criminalización principalmente cuando se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Gobierno.

El titular señaló, además, que la criminalización ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar, neutralizar, inhibir y hostigar conductas que pongan en riesgo o cuestionen al poder imperante.

Derecho a la protesta

Gutiérrez mencionó que “el espacio natural de la protesta social son las calles” y que las manifestaciones pacíficas no requieren permiso de ninguna autoridad, aunque argumentó que sí deben ser notificadas.

El analista político Emilio Fuentes concordó con Gutiérrez y dijo que la criminalización de la protesta social vulnera los derechos humanos. “El pueblo es libre de opinar sobre las políticas de Estado que atentan contra sus derechos colectivos, no pueden ser considerados como terroristas o saboteadores por reclamar la defensa a la tierra, al agua y mostrar su inconformidad con la política extractivista que plantea el Régimen”, señaló.

El Defensor del Pueblo añadió que la respuesta del Gobierno no se procesa a través del diálogo. “Se inician procesos de judicialización y también se utiliza a la Policía y a las Fuerzas Armadas para atentar contra los derechos humanos”, explicó Mónica Chuji, dirigente indígena y excolaboradora de PAIS, indicó que, “a partir de este informe, el Gobierno debe hacer un análisis y concienciar que no puede seguir implementando una política de criminalización a las manifestaciones pacíficas”.

La Hora intentó conseguir una reacción del Régimen pero varios asambleístas oficialistas no contestaron los celulares debido a que estaban en una reunión de bloque. Además, la Secretaría de Pueblos requirió una solicitud de entrevista por escrito.

Recomendaciones

La Defensoría del Pueblo recomendó al Ejecutivo que reforme el decreto 982 del 8 de abril de 2008, a fin de que éste responda a los mandatos constitucionales e internacionales relacionados con los derechos a la libertad de expresión, de reunión, asociación y manifestación.

Además, que las Fuerzas Armadas y la Policía establezcan nuevas prácticas operativas y la utilización de medios alternativos al uso de la fuerza.

También que la Asamblea Nacional derogue el artículo 192 del Código Penal y reformar los tipos penales de terrorismo y sabotaje.


El dato
‘Escenarios de la criminalización en Ecuador: Desafíos para un estado constitucional de derechos’, fue el nombre del estudio.

Audios