CHILE : PIDEN A LOS JUECES QUE APLIQUEN LA LEY CONTRA LOS ESTUDIANTES

CONSULTA. Un chileno introduce su voto en una urna, durante la celebración de un plebiscito no vinculante sobre la educación pública en Chile.

Santiago de Chile, EFE

El Gobierno de Chile aseguró ayer que “se terminó” la anarquía en este país, “que un encapuchado pueda deshacer en las calles”, tras los graves disturbios ocurridos el jueves en manifestaciones de estudiantes en la capital chilena y en otras ciudades.

“Se terminó aquello de que un encapuchado cree que puede hacer y deshacer, puede enfrentar, escupir y lanzar piedras o bombas molotov a un carabinero; que puede apedrear un local comercial, poner barricadas en cualquier momento o en cualquier calle o buscar incendiar autos”, declaró el ministro portavoz Andrés Chadwick en el Palacio de la Moneda (sede del Ejecutivo).

“Se terminó”, enfatizó Chadwick, quien deslizó una crítica a los tribunales ya que de los cerca de 200 detenidos en la capital chilena, horas después todos fueron liberados, salvo un joven que quedó privado de libertad.

Al respecto, sostuvo que “el Gobierno busca que se aplique la ley. Carabineros cumple y hace su trabajo, logrando o evitando que las personas que hacen actos vandálicos puedan desarrollar sus acciones, pero cuando llegamos a los Tribunales de Justicia se otorgan las libertades”.

No obstante, Chadwick aseveró que “este Gobierno respeta absolutamente a los Tribunales de Justicia, pero también pide que se pueda aplicar la ley en su correcta interpretación, en su objetivo de garantizar el orden público y la paz social.

El Ministro portavoz dijo que el Gobierno va a cumplir su responsabilidad de mantener el orden público. “Que la ley se aplique, que no exista impunidad y que los tribunales tengan y dispongan de las herramientas legales”, acotó.


El proyecto

El nuevo articulado, anunciado el pasado domingo por el presidente Sebastián Piñera, crea el delito de saqueo y castiga con cárcel las tomas de colegios.

El proyecto tipifica como delito la “ocupación o invasión ilegal de inmuebles” y establece penas de hasta tres años de cárcel para los estudiantes que participen en tomas ilegales de colegios o universidades.