MAYOR PROTECCION A MIGRANTES

21.09.2009

El Primer Encuentro de las Defensorías del Pueblo de Centroamérica y la Región Andina concluyó en Quito con la firma de un documento sobre promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes.

Los delegados de Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador discutieron y ratificaron un Acuerdo Defensorial que será presentado por el ecuatoriano Fernando Gutiérrez Vera en la IX Conferencia de Migraciones de los Gobiernos a realizarse en Quito desde hoy.

Los funcionarios acordaron impulsar y fortalecer el establecimiento de programas defensoriales especializados para la promoción y protección de los derechos humanos de la personas en movilidad y sus familias que lleguen a nuestros países y de nuestros nacionales que emigren y se encuentren en los países de tránsito y destino.

Además, impulsar la realización de encuentros binacionales fronterizos y regionales.

Control a viajeros
Otro tema del Acuerdo Defensorial es vigilar que la institucionalidad creada por los Estados de la región de América Latina y el Caribe para el control y registro migratorio tenga prácticas respetuosas de los derechos humanos que les asiste a las personas en movilidad y exhortar dicha vigilancia a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en los países de destino migratorio.

Consejo consultivo
Los Defensores del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez; de Bolivia, Rielma Mencías; de Venezuela, Gabriela del Mar Ramírez; de Nicaragua, Omar Cabezas; de Ecuador, Fernando Gutiérrez y el representante de la Defensora de Perú, César Cárdenas, fueron testigos de la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

Este es un órgano asesor externo conformado por personas representativas de la sociedad civil organizada, quienes, desde su visión y enfoque, brindarán asesoramiento a la Defensoría del Pueblo para la definición y aplicación de políticas en Derechos Humanos.

Los defensores insistieron en la formación y educación de los servidores públicos de los órganos de control y registro migratorio, para el respeto de los derechos humanos.

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