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Con reparos de miembros de la Comisión de Relaciones Internaciones de la Comisión Legislativa se inició el análisis de proyecto de Ley de Seguridad Pública y del
Estado. En ese debate participaron los ministros de coordinación Interna y Externa, Miguel Carvajal; de Defensa Nacional, Javier Ponce; y, de Gobierno y Policía, Gustavo Jalkh. Uno de los primeros en cuestionar la propuesta fue el comisionado de la Red, Luis Hernández, quien afirmó que el proyecto tiene muchos aspectos contradictorios, pues lo único que se hace es introducir un cambio de nombres que a la final quedan en lo mismo. Además, mostró su inconformidad de la poca participación del Legislativo en el proyecto. Dijo que en democracia eso no es saludable, especialmente en temas de seguridad. “Si bien el Presidente es responsable de la defensa nacional, el legislativo es, también, copartícipe de eso”, puntualizó.
![]() Abuso de derechos El comisionado Héctor Gómez, al analizar el tema sobre los estados, señaló que este punto es altamente peligroso, porque no hay una organización que explique cuales son las etapas de excepción, en qué momento una entidad lo puede clasificar y el período en que se lo puede declarar. Según Gómez podría haber un abuso de los derechos humanos o ciudadanos el momento en que las personas se pronuncien en contra de un dictamen presidencial. El comisionado tampoco escondió su preocupación por el uso reservado de fondos para inteligencia. Secretaría de Inteligencia El ministro de Defensa, Javier Ponce, indicó que el proyecto consagra el reordenamiento de la participación de las FF.AA. en la estructura del Estado. Afirmó que la Secretaría de Inteligencia dependerá del Presidente de la República, quien nombrará al secretario de esta instancia. Ponce manifestó que desde el ministerio se levanta un catastro de las propiedades en la frontera. “Es un proyecto sistémico de control de la seguridad interna y externa, que endurece además la lucha contra la presencia de fuerzas irregular en el país” dijo. ![]() Pormenores de la propuesta El proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado promueve la sustitución del Consejo de Seguridad Nacional por el Comité de Seguridad del Estado, en el que participarán el Ejecutivo, el Comando Conjunto de las FF.AA., la Corte Nacional de Justicia y el Legislativo. Además, incorpora la representación del Comandante de la Policía. También, crea la Secretaría Nacional de Inteligencia que sustituye a la actual Dirección Nacional de Inteligencia y se plantea la restitución de un fondo para gastos especiales sobre actividades de inteligencia. |
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