Rómulo Salazar Ochoa.
Mientras la derecha acusa al gobierno de despilfarrar los recursos del Estado, encontramos significativas inversiones en la salud que permiten a los sectores populares obtener medicinas además de atención profesional médica en los hospitales; igual en la educación en donde el Estado entrega libros, cuadernos y uniformes a los educandos, así como mejor atención de su colación escolar y se invierte en forma estable en los locales educacionales; ello sin duda se incrementará. El costo de la luz eléctrica, telefonía se ha reducido, el gas mantiene su precio. No sentimos la crisis internacional del capitalismo con la fuerza que tendría en un gobierno neoliberal. ¿No es eso aplicar la Constitución?.

Es evidente el propósito de rescatar y potenciar la educación en todos sus niveles; se advierte considerables inversiones en la ciencia y la técnica. Al parecer comienza la grande y compleja tarea de entregar la tierra a los campesinos. Urge incrementar la producción de agua para el riego; una alternativa eficaz es el sistema ancestral lacustre y la siembra selectiva y ponderada de especies arbóreas tradicionales como el higuerón, cedro, etc., con efectos a corto plazo que la tecnocracia ha menospreciado.  
Con la caída del precio del petróleo la derecha creyó que retornaríamos al modelo neoliberal en busca de “créditos para supervivir”. El Presidente tomó decisiones. Mensualizando los fondos de reserva puso 500 millones de dólares en el mercado para mantener el nivel del circulante en el mercado, obligando a los empresarios, en este aspecto, a defender la economía del país; hizo que los dineros del IESS que estaban en los bancos extranjeros sirviendo al imperio se invirtieran en el financiamiento de la infraestructura energética del país. Se aplicó la Constitución; en uso de la soberanía del Estado se defendió nuestro derecho una economía independiente.
Recientemente el gobierno a través del Banco Central libera 2.555 millones de dólares, originados la mayor parte en la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad para reactivar la economía. Así, destina 600 millones de dólares a la construcción de vivienda; 465 millones de dólares, al BEDE, para financiar proyectos de los gobiernos locales, a la CFN, al BNF y Finanzas Populares (como las Cajas de Ahorro Rurales o Campesinas). Ello impone diseñar nueva política crediticia en el país conforme al principio constitucional de la soberanía alimentaria; es decir, asesoría técnica y seguridad comercial, en especial para los pequeños y medianos propietarios y que debe servir como un elemento aglutinador de los productores, propiciando una nueva visión de la producción campesina, agraria, potenciar la agroindustria y artesanías.
No pueden, pues, los portavoces de la derecha afirmar que nada se ha hecho ni se hace por resolver los problemas del desempleo y subempleo, mientras callan que éstos son el resultado del neoliberalismo que durante 25 años desmontó el aparato productivo del país para convertirlo, como pretendieron, en solo un mercado para el Tratado de Libre Comercio. Reconstruir la economía no es, entonces, cuestión de unos meses. Es más, requiere de una acción concertada con otros países con propósitos más o menos coincidentes a corto o mediano plazo. He ahí que el Gobierno de Correa, a fin de afianzar el nuevo régimen de desarrollo que plantea la Constitución incorporó el país a la Alianza Bolivariana de América (ALBA), que tanto ha preocupado a la derecha, incluso al imperio; impulsa la UNASUR para afianzar una nueva unidad de Latinoamérica en donde se incluye entre otras decisiones la creación del Banco del Sur. Abrió nuevas relaciones en el Medio Oriente, Extremo Oriente y en el Norte de Africa, lo que contribuye a ampliar el frente internacional antiimperialista.
No se puede negar que la vigencia de la Constitución hizo posible la Auditoría de la Deuda Externa, la Auditoría de la Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión, la Comisión de la Verdad respecto de los crímenes durante el Régimen de Febres Cordero. Hay que impulsar la aplicación de las recomendaciones que contienen esos documentos. Y no ignoremos la trascendencia de una Ley de Comunicación orientada a poner orden y respeto en lo que hacen los grandes medios de comunicación de las oligarquías y transnacionales, oponiéndose al país y al cambio.