QUITO Y GUAYAQUIL
Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente de la República, dijo haber entregado pruebas contundentes de las relaciones de Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública, con la empresa Invermun.

La compañía está en medio de la tempestad de un escándalo por supuesto soborno a funcionarios públicos para tener vía libre en el desarrollo de sus actividades.

Durante su comparecencia en la Fiscalía General, a donde acudió a ampliar su denuncia sobre los supuestos hechos de corrupción en el Gobierno, Correa aseguró que puso en manos del Fiscal los correos electrónicos entre Jaime Solórzano, en ese entonces gerente de Invermun, y María Luisa Noboa, del grupo de Alvarado. En estos correos, supuestamente se cita a Alvarado como 'asesor de crisis' de Invermun.

Correa recordó que en octubre del año pasado hubo un decomiso de un sinnúmero de máquinas tragamonedas, públicamente se amenazó con destruirlas con un tractor, pero nunca pasó nada.

Es más, señaló que en noviembre del mismo año intervino Invermun y le pidió a Fernando Alvarado que a través de la empresa Creacional, de Vinicio Alvarado, se haga la publicidad de los casinos y las ganancias comenzaron a subir.

Según Correa, contratando la empresa Creacional, Invermun se ganó la voluntad de Carondelet. “César Bajaña, ahora gerente de Invermun, tenía a su hijo César de asesor del entonces jefe político de la Gobernación de Guayas, Juan Carlos Casinelli”, agregó Correa, al tiempo de anotar que así esta empresa se infiltraba en el poder.

“Ahora resulta que Casinelli no sabe nada, cuando el que le hablaba en la oreja era el representante de los casinos”, puntualizó, no sin antes indicar que Casinelli no debería seguir actuando como asambleísta.

FRASE
“No voy a parar hasta meter presos a los de la banda de los rosa”. Fabricio Correa.

DATO
La Gobernación de Guayas puso en marcha el operativo Monopolio para revisar el funcionamiento de las casas de empeño y compra y venta de oro.


Investigarán bienes de funcionarios

La Fiscalía General del Estado solicitará a la Contraloría la realización de exámenes especiales a los patrimonios de varios funcionarios del actual Gobierno, todo dentro de la indagación previa que se inició por las denuncias a la empresa Invermun.

Estos exámenes deberá comenzarse con Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia; Vinicio Alvarado Espinel, secretario general de la Administración Pública; Fernando Alvarado Espinel, secretario nacional de Comunicación; Julio César Quiñónez, intendente de Policía de Guayas; Juan Borja, funcionario de la Procuraduría General del Estado; Juan Carlos Cassinelli, ex jefe político del Guayas y actual asambleísta; Ricardo Ron, ex intendente de Policía de Guayas; Javier Veintimilla, ex asesor del ministerio de Trabajo; Luis Monge, teniente político de Guayas; y Jaime Rodríguez, juez de garantías Penales del cantón Tosagua, Manabí.

El contralor Carlos Pólit amenazó ayer con renunciar si la justicia no lo apoya en su gestión contra la corrupción. “Les estoy pidiendo una declaración actualizada para poder cotejar, investigar en la banca, en todos los sectores, si han incrementado sus bienes y los vamos a revelar”, dijo.

Ayer, Vinicio Alvarado no respondió al llamado del Fiscal y pidió que se le fije nueva fecha para rendir su versión. Lo mismo ocurrió con Jaime Solórzano, ex gerente de Invermun.

En tanto que, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, está convocado el próximo jueves.


‘Sabotearon a ministras’

La Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (Ascabi), aseguró ayer que ninguna entidad del Gobierno se responsabiliza de la obligación de regular a empresas como Invermun.

Carlos Espinoza, representante de Ascabi, indicó que por junio de 1999, la empresa Invermun presentó un proyecto de inversión para instalar máquinas de juegos en Ecuador. Según dijo, en ese momento fue advertido por las autoridades de los requisitos que debía cumplir para funcionar.

Agregó que "no cumplió con los requerimientos, insistió en iniciar sus actividades y se fue por el camino más fácil, es decir, recurrir a jueces corruptos a través de recursos de amparo para que autoricen y faculten esta actividad".

Espinoza consideró que es una actividad que sí debe ser regulada por el Ministerio de Turismo, "considerando que los juegos de azar, casinos, bingos mecánicos, son de actividad turística". Esa cartera sólo controla a los que están ubicados en hoteles de lujo.

Sin embargo, Espinoza aseguró que ministras de Turismo como Rocío Vásquez, María Isabel Salvador y Gladys Eljuri, entendieron que era su obligación e hicieron una serie de gestiones, pero, dijo que su acción fue saboteada.